Aunque toda la atención de las elecciones de Estados Unidos del 5 de noviembre se centra en quién será elegido presidente, qué partido controle las dos cámaras del Congreso (Senado y Cámara de Representantes) será determinante para intentar prever qué políticas se llevarán a cabo en la nueva administración.
En Estados Unidos, las leyes deben conseguir la aprobación de las dos cámaras: Senado y Cámara de Representantes, y luego ser firmadas por el presidente para su entrada en vigor. Por lo tanto, si cada cámara está controlada por un partido distinto, es necesario llegar a acuerdos entre ambos partidos. Adicionalmente, en el Senado existe una norma decimonónica que puede dilatar considerablemente la aprobación de una ley. Se denomina “filibusterismo” u obstruccionismo.
El filibusterismo es un mecanismo que consiste en dilatar la votación en el Senado prolongando el debate de la norma en cuestión de forma indefinida. Se inicia con el anuncio de un senador de bloquear la norma. En caso de obstruccionismo se necesita el voto de 60 de los 100 senadores para finalizar el debate de la norma. En el caso de temas presupuestarios y nominaciones presidenciales (por ejemplo: nombramiento de jueces) solo se requiere mayoría simple para finalizar los debates, 50 votos y no 60.
Contra este bloqueo se puede hacer uso de la llamada “opción nuclear”, por la que el presidente del Senado podría declarar inconstitucional el filibusterismo por infringir el requisito de la regla de la mayoría, ya que la Constitución prevalece sobre las propias normas del Senado. El filibusterismo no está en la Constitución. De utilizarse, esta opción nuclear no puede ser recurrida por la minoría del Senado. En cualquier caso, el obstruccionismo se ha utilizado 1.000 veces en los últimos 12 años, mientras que la opción nuclear se ha utilizado en contadísimas ocasiones.
Cuando una ley aprobada por las cámaras del Congreso es presentada al presidente para su firma, este puede ejercer un veto y devolver la norma al Congreso con objeciones. A partir de ahí, para que la ley sea aprobada, necesita el voto favorable de 2/3 de la Cámara de Representantes y del Senado. Trump utilizó diez veces su poder de veto durante su presidencia y Biden lo ha utilizado doce veces.
Adicionalmente a lo anterior, el presidente de Estados Unidos tiene la capacidad de emitir Órdenes Ejecutivas (EO: Executive Orders) que no pasan por el Congreso y tienen el mismo poder que una ley federal. La Constitución estadounidense otorga una serie de poderes al presidente, algunos descritos de forma muy general y otros de forma específica. Se entiende que los temas relacionados con Asuntos Exteriores y los temas militares son responsabilidad directa del presidente. La ambigüedad sobre las potestades del presidente para emitir estas Órdenes Ejecutivas hace que puedan ser revisadas y anuladas por los tribunales.
Es habitual que el presidente entrante revoque Órdenes Ejecutivas de su antecesor. Así, en el primer día de su mandato, Biden firmó nueve Órdenes Ejecutivas, derogando algunas de las firmadas por Trump durante su presidencia.
Todo lo anterior condiciona qué tipo de medidas se pueden aprobar en función de si la presidencia y las dos cámaras del Congreso están controladas por el mismo partido o si existe una situación de división: cada cámara controlada por un partido.
La principal conclusión de todo lo comentado es que incluso con una presidencia y control de las dos cámaras por el mismo partido, sin controlar 2/3 del Senado para evitar el filibusterismo, las normas tienen que ser mínimamente consensuadas entre los dos partidos. Adicionalmente, hay que relativizar las medidas maximalistas de los programas electorales, ante su difícil aprobación sin consenso.
Por otro lado, en el caso de un cambio de administración, si ganara Trump, podría emitir de forma inmediata Órdenes Ejecutivas relacionadas con la inmigración, la imposición de aranceles, sobre temas relacionados con la guerra de Ucrania y sobre la desregulación de determinados sectores. A modo de ejemplo, Trump sacó a EE. UU. del Acuerdo Comercial Transpacífico al tercer día de su presidencia.
Artículo escrito por Jesús Sánchez-Quiñones, director general de Renta 4 Banco, en El Economista.
Jesús Sánchez-Quiñones González
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